La Comunidad Madrid destina 3,5 millones a agencias de colocación de desempleados

El Gobierno regional de Madrid ha aprobado destinar 3,5 millones de euros a la contratación de agencias de colocación que colaboren en la inserción de más de 7.500 desempleados con especiales dificultades.

El pago de las ayudas está “condicionado al éxito de esta labor de colocación”, y los servicios serán gratuitos tanto para la persona desempleada, como para la empresa que la contrate, según anunciaba el consejero de Presidencia Ángel Garrido.

Estas agencias harán labores de inserción con carácter integral, ofreciendo orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas o promoción de candidatos.

Como paso previo, el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid remitirá a las adjudicatarias la relación de desempleados a atender, cuyo requisito será el de estar inscritos como demandantes de empleo en dicho servicio y pertenecer a uno de los colectivos comprendidos en los contratos.

Las agencias se comprometen a atender a un número mínimo de desempleados que se determina para cada lote, distribuidos en función de la edad y el tiempo de desempleo.

El contrato se divide en ocho lotes diferenciados por perfiles: desempleados con discapacidad igual o superior al 33%; en riesgo de exclusión beneficiarios de la RMI; menores de 30 años que no lleven más de 12 meses en desempleo; parados de larga duración según edades (menores de 30 años, entre 45 y 54 años, mayores de 55 años); parados de muy larga duración de entre 30 y 44 años, y mujeres desempleadas que no encajen en los perfiles anteriores.

Así, la práctica totalidad de la cuantía, el 85%, se recibirá una vez haya sido efectiva la inserción laboral del desempleado, y el 15% previo cuando se pueda constatar que las agencias de colocación han trabajado con el desempleado prestándole asesoramiento, mediación, o cualquier otro aspecto recogido en los pliegos del contrato.

A todo ello hay que añadir una cuantía adicional de 500 euros en el caso de la contratación de personas con especiales dificultades de contratación, entre ellas discapacitados y personas en situación de exclusión.

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