NUEVA VUELTA DE TUERCA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Por Yojana Pavón, presidenta de ANAC.

Por Yojana Pavón, presidenta de ANAC.

En boca de todos está el plantón que la patronal CEOE ha dado al ministerio de Fátima Báñez a la hora de aprobar el nuevo Real Decreto Ley para la reforma urgente del sistema  de formación profesional para el empleo. Si  bien es cierto que el actual modelo de formación profesional, sustentado tanto por sindicatos como por patronal, ha llegado a una situación de absoluto declive que hace necesario un cambio en el sistema de gestión, parece que esta reforma, que casi se aprueba en el último Consejo de Ministros, está lejos de contentar las necesidades del sector.

Es innegable que las carencias formativas tienen un impacto negativo que puede cuantificarse en peores y menores oportunidades de empleo: las personas con menores competencias tienen casi el doble de probabilidades de estar desempleadas, con la pérdida económica y social que implica (Informe PIAAC 2010). La Reforma Laboral de febrero de 2012 inició el camino del reconocimiento explicito a la formación  profesional como un derecho individual y es en esta línea donde una vez más oímos hablar del famoso “cheque formación” para desempleados que proporcione la formación que necesitan. Esto supone que el desempleado debe ahora desembolsar el dinero de este “cheque formación”, que aunque no sepamos cómo se calculará no podemos olvidar que es suyo, en centros de formación qu tendrá  que esforzarse por captar su atención.

Desde la ley de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, se nos  indica que el “cheque formación” tendrá un importe estipulado a través de un porcentaje calculado en base la cotización por desempleo. Sin embargo, ante una situación en la que más de la mitad de los desempleados ha perdido su prestación por desempleo y a duras penas obtiene un subsidio de 420 €, cabe preguntarse cuál puede ser la cuantía de ese “cheque formación”. ¿Será suficiente para pagar un curso o el desempleado tendrá además que tirar de su bolsillo?

Otro de los puntos clave de esta nueva reforma de la formación es la libre concurrencia abierta a todos los proveedores de formación (centros y entidades formativas) en la gestión de los fondos, lo que supone un cambio en el mapa actual de las convocatorias de formación estatales para desempleados. Ahora los centros de formación se ven obligados a organizarse en grandes UTE sin histórico, con las dificultades que eso supone para el acceso a créditos financieros y avales requeridos. Pero lo particularmente inquietante en este punto es la salida por la puerta de atrás de los hasta ahora agentes sociales que se repartían el pastel, cosa que se ha hecho con la excusa de centralizar acciones de gestión a través del Gobierno, patronal y sindicatos. Estos últimos, por cierto, han mostrado tímidamente su descontento al tiempo que los empresarios ponían el grito en el cielo con el argumento de que los fondos para la formación continua se pagan a través de las empresas y que nadie, ni siquiera el Estado, puede gestionar  su dinero ni sus necesidades formativas.

El cambio en los procesos de autorización de centros y entidades de formación supone que un centro ya no pueda ser, como hasta ahora, entidad organizadora e impartidora de formación al mismo tiempo, lo que obligará a las centros medianos y pequeños a buscar alianzas y estrategias de gestión que pueden llevarse por el camino parte de la facturación.

Este Real Decreto Ley verá la luz el 1 de junio y se articulará en normativas y reales decretos operativos. Mientras tanto, el Gobierno intentará contentar a la patronal para que por fin pueda dar luz verde a este nuevo proyecto impuesto por Bruselas para facilitar la ya poca ayuda del FSE que aún queda en la cofinanciación de cursos de formación.

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