El reto: encontrar trabajo a los desempleados

En muchos países de nuestro entorno, es habitual la colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación para ayudar a los parados a encontrar un nuevo puesto de trabajo. En España, sin embargo, esta fórmula aún no ha terminado de despegar, pese a que hay cerca de cinco millones de parados.

Así comienza el reportaje que el diario el Mundo dedica a la coyuntura actual de la colaboración público-privada en la que las agencias de colocación quedan relegadas a un discreto segundo plano a pesar de la creación del tan esperado Acuerdo Marco. Yojana Pavón, presidenta estatal de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación ANAC, reitera una vez más “la necesidad de mayor compromiso y participación de los servicios públicos con las agencias de colocación privadas, que no son solo las 80 seleccionadas sino más de 1.700 las que operan en todo el territorio nacional”. Además, hace hincapié en “la falta de transparencia que existe en la publicación de los datos de inserción de las agencias de colocación que participan en convenios públicos tanto estatales como autonómicos”.

Sigue El Mundo con el ejemplo de Reino Unido, donde la tasa de eficacia de los servicios públicos de empleo en la colocación de desempleados durante los años de la crisis fue del 85%, gracias a la colaboración con el sector privado. Una cifra muy alejada de las tasas de éxito del SEPE (Servicio Públlico de Empleo Estatal).

En nuestro país, la posibilidad de que las agencias pudieran colaborar en la colocación de los parados apuntados en el antiguo Inem a cambio de una contraprestación económica se anunció como una medida estrella por el Gobierno en verano de 2013.

En aquel momento, el número de parados superaba los seis millones y la tasa de paro era del 26%. Así, el 2 de agosto de 2013 se aprobó la primera experiencia a gran escala de colaboración público-privada. Pese a que se podría haber aprovechado la experiencia de otros países, al llegar esta iniciativa con más de dos décadas de retraso, el modelo impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue criticado tanto por cuestiones técnicas o de diseño como ideológicas.

Inserción laboral

Pese a que han pasado más de dos años desde la aprobación del acuerdo-marco, la colaboración entre el sector público y privado en este terreno sigue en pañales, aunque desde el PP, la que fue su portavoz de Empleo y Seguridad Social en el Congreso durante la última legislatura, Carmen Álvarez-Arenas, asegura que “ya es una realidad que se debe mantener para avanzar en el objetivo prioritario de la creación de empleo”.

Desde el PSOE también consideran que los operadores privados “tienen un papel relevante que jugar en el conjunto del sistema”, aunque precisan que “éste debería estar en todo momento liderado por la Agencia Pública de Empleo y Cualificación”, el organismo que, si los socialistas gobernaran, se comprometen a crear en sustitución del Servicio Público de Empleo Estatal. “Se trata de buscar la complementariedad de las fortalezas de cada uno, siempre en beneficio de la ocupación de las personas en situación de desempleo”, apunta la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez.

Para Ciudadanos, no sólo se tiene que “recurrir a las agencias privadas, también se debería intercambiar información y experiencia con las empresas, compartiendo datos si quiere el desempleado, y utilizando intensivamente las nuevas tecnologías que abaratan costes de intermediación y la hacen más eficiente”, afirma Francisco de la Torre Díaz, responsable de Fiscalidad y Hacienda de la formación.

Creación de empleo

En Izquierda Unida, por el contrario, apuestan por “incentivar la vía institucional en la intermediación laboral y recuperar el prestigio de los servicios públicos de empleo ante los parados y las empresas”.

Su secretario ejecutivo federal de Economía y Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, considera que “no es necesaria la colaboración público-privada, ya que los servicios públicos de empleo deben cumplir su función principal, es decir, acompañar en la búsqueda de empleo y en la inserción laboral”. No obstante, apunta que para lograrlo es necesario “aumentar el número de empleados públicos, al menos un 20%, y reorganizar los servicios públicos de empleo”.

A juicio de Podemos, “la creación de empleo no pasa tampoco por la colaboración público-privada, sino por detener los recortes y crear capacidad de crecimiento potencial, encontrando nuevas formas donde la economía pueda expandirse”.

Desde UPy D, sin embargo, su líder, Andrés Herzog, considera “buena” esta colaboración “siempre que no sustituya a los servicios públicos de empleo y no se use como un medio para favorecer a los amiguetes”.

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