LA UE ENCIENDE UNA LUZ DE ESPERANZA PARA LOS EMPRENDEDORES ESPAÑOLES

Por Myriam Pérez Andrada (*).

Por Myriam Pérez Andrada (*).

Una oportunidad se vislumbra en el horizonte para uno de los grupos de profesionales más olvidados de las políticas activas de empleo: las personas con alta formación y experiencia profesional, entre 30 y 45 años, que tras un despedido optan por su reinserción laboral a través del emprendimiento. Con la aprobación de la nueva Directiva de Contratación pública, la Unión Europea apuesta por políticas que priman la calidad y la experiencia profesional de los equipos de trabajo, frente a la bajada del precio de los servicios y la experiencia de las organizaciones. Los Estados miembros tendrán que modificar sus legislaciones en este sentido y ampliar los criterios técnicos y económicos de valoración para facilitar el acceso a las licitaciones públicas de las PYME y las empresas de nueva creación.

La normativa vigente permite a las administraciones el uso de una amplia variedad de criterios (experiencia de organización, calidad técnica, plazo de ejecución, precio, formación, equipo de trabajo…) para adjudicar un contrato a la entidad jurídica que presenta la propuesta más eficiente y eficaz. Sin embargo, desde hace años, los criterios más valorables son la experiencia de la empresa y el precio, quedando relegada la calidad del servicio a un plano secundario. Esta situación, cada vez más extendida en nuestro país, justificada en muchas ocasiones por la crisis actual y la contención del gasto público, está teniendo unos efectos directos muy negativos en la sociedad española. La experiencia de la organización no garantiza la calidad del servicio, que solo puede ser garantizado por el equipo de trabajo que ejecuta el proyecto. Además, la bajada del precio unida al abaratamiento del despido ha provocado que las empresas hayan optado por despedir a su personal más cualificado, para ser más competitivas. La falta de este personal cualificado en el desarrollo de los contratos públicos disminuye la calidad de los servicios ofrecidos por la administración, con el consiguiente descontento de la ciudadanía. Por otra parte, la valoración de la experiencia de la empresas limita el acceso a las licitaciones públicas de los nuevos emprendedores y el funcionariado acaba sufriendo las consecuencias del descontento de la sociedad, que los culpabiliza.

Sin embargo, una correcta transposición de la Directiva de Contratación Pública podría hacer cambiar esta situación injusta para el emprendedor y cuyas consecuencias las sufre directamente la ciudadanía. Confío, en que el Gobierno español, antes de 2016, aproveche la oportunidad y siguiendo las orientaciones de la Comisión modifique la ley de contratación pública actual, estableciendo como criterio de valoración principal “la oferta económicamente más ventajosa” teniendo siempre en cuenta la bajada económica en relación con el coste-eficiencia y la relación calidad-precio, así como la valoración de la experiencia profesional de los equipos de trabajo presentados para la realización del servicio y garantice que dicho personal sólo pueda sustituirse por otro del mismo nivel profesional. Adicionalmente habría que incluir criterios de valoración relacionados con la calidad y la innovación de la prestación de los servicios, una valoración de las propuestas en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, igualitarios y/o sociales, vinculados al objeto del contrato público de que se trate. Por último se deberá fomentar la división de los contratos en lotes y limitar el acceso a un número determinado de estos lotes a las empresas, para  facilitar el acceso a las PYME a la contratación pública.

La apuesta por este nuevo modelo de contratación pública no sólo corregirá la situación de desigualdad a las que se enfrentan las nuevas empresas, frente a las ya consolidadas, sino que puede constituir una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. Sólo nos queda esperar que nuestros gobernantes no nos vuelvan a defraudar.

(*) Myriam Pérez Andrada es experta en políticas sociales (empleo e igualdad, entre otras),  licenciada en Derecho y master en “Derecho de la Unión Europea”, “MBA” y “Agente de Igualdad”. Tras más de 13 años desarrollando su carrera profesional en diferentes entidades nacionales e internacionales, actualmente, ha decidido continuar su actividad laboral como emprendedora, con el objetivo de que su trabajo consiga un impacto social. Es una de las socias fundadoras de Fundway Consulting, empresa de consultoría e investigación social cuyo objetivo principal es ofrecer soluciones innovadoras, sostenibles, integrales y personalizadas a entidades (empresas, asociaciones, fundaciones, ONGs, organizaciones empresariales…) que tienen una idea y quieren implementarla.

 

 

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