El Gobierno aprueba casi 2.000 millones para cheques y formación profesional

La formación es el mejor arma para encontrar trabajo. Y dentro de ella, la formación dual se ha demostrado clave en países como Alemania. España presenta una tasa de abandono escolar desorbitada, en la que también se pone de manifiesto que existen dos Españas. El Gobierno va a destinar casi 2.000 millones para tratar de impulsar la formación como medio “para fomentar el empleo”, según informa Lainformacion.com.

El Real Decreto por el que se desarrolla la ley de 2015 que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral entra en vigor este jueves tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

formacionMediante esta norma, se modifica el sistema de formación profesional para el empleo con el objetivo de extender una formación entre los trabajadores “que mejore la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional”.

El Gobierno creará un calendario plurianual que responda a las necesidades formativas de los ocupados. Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló que este decreto también irá orientado al 51% de los parados estructurales en España que no acabó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Los gastos derivados del real decreto serán financiados por la administraciones públicas competentes en su gestión, a través de sus respectivos presupuestos. En el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el año 2017 se prevé la existencia de 1.086 millones de euros destinados a financiar iniciativas de formación dirigidas a trabajadores ocupados, y 897 millones para la formación de desempleados.

Respecto al cheque formación, el real decreto establece requisitos y condiciones que deberán cumplirse para el disfrute por los trabajadores desempleados del mismo y establece que las comunidades autónomas, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán ponerlo en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias, dando cuenta a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Además, incorpora el desarrollo del nuevo sistema integrado de información que permitirá disponer de una información “completa, actualizada permanentemente y verificable” de las actividades formativas desarrolladas en todo el territorio nacional, que permitan su trazabilidad, y que desemboca en la “cuenta de formación” regulada en la Ley de Empleo.

El decreto prevé que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo asuma nuevamente las funciones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en materia de formación profesional para el empleo, reguladas en la ley de 2015.

Hay que justificar los cursos

El Ministerio de Empleo aprobó la ley de 2015 para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional, que recibió el apoyo parlamentario del 90%, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Como novedades destacaron la apertura de la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las distintas administraciones públicas a la concurrencia competitiva de todos los proveedores de formación acreditados o inscritos, y la eliminación de la posibilidad de subcontratación, salvo para la contratación del personal docente.

Además, las acciones formativas podrán financiarse a partir del momento de su concesión o adjudicación, y se limita el pago anticipado con un límite máximo que no podrá superar el 25% del importe concedido.

Igualmente, se podrá prever el pago de hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa. Además, como mínimo, un 40% del importe concedido se hará efectivo una vez se finalice y justifique la actividad formativa subvencionada.

También se apuesta por la evaluación permanente, por incrementar los recursos para luchar contra el fraude y por reforzar el régimen sancionador.

En concreto, se contempla como sanción accesoria la exclusión del acceso a ayudas, subvenciones por un período máximo de cinco años, en vez de dos, en algunas infracciones muy graves, al tiempo que se fijan los módulos económicos máximos. Los costes indirectos no podrán superar el 10 % del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.

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