El TC avala el decreto-ley de julio de 2014 excepto para agencias de colocación

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Pedro González-Trevijano, Magistrado del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el uso del decreto-ley como mecanismo para aprobar ciertas medidas económicas que el Gobierno puso en marcha en julio de 2014 (Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia). El Pleno estima sólo en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y, en consecuencia, anula el art. 116 del decreto-ley impugnado, referido a las empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, y varias disposiciones adicionales referidas a la reforma del Registro Civil. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua, y de los Magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol.

En cuanto a las empresas de trabajo temporal y agencias de colocación (art. 116), los recurrentes cuestionan la urgencia de modificar la normativa que regula este tipo de empresas, premura que la exposición de motivos de la norma justifica en la necesidad de adaptar “cuanto antes” dicha regulación a los principios establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. El Tribunal considera, sin embargo, que “no existe justificación alguna al respecto ni en la exposición de motivos, ni en la memoria, ni en la intervención parlamentaria de la Vicepresidenta del Gobierno” y que, por lo tanto, la reforma podía haberse impulsado por el trámite del procedimiento legislativo. En consecuencia, el Pleno declara inconstitucional y nulo el artículo 116 del decreto-ley recurrido.

“Para ANAC esta noticia hay que tomarla con cautela y ver el alcance y repercusión que tendrá en los próximos meses en los procesos de autorización de las agencias de colocación”. Según la presidenta nacional, Yojana Pavón, “hay que ser prudentes y observar qué medidas adoptará el SEPE tras esta resolución que afecten a nuestro sector. Si bien es cierto que tras el RD Ley 8/2014 se propició un mayor escenario de intrusismo en nuestro ramo”.

El Tribunal aclara, en contra de lo que sostienen los recurrentes, que la doctrina sobre las leyes de contenido híbrido (las llamadas “leyes ómnibus”) es aplicable también a los decretos-leyes que, como el ahora cuestionado, contienen medidas normativas heterogéneas, y ello al margen de que puedan ser expresión de una deficiente técnica normativa. Por tanto, los límites que operan sobre dichos decretos-leyes son los contenidos en el art. 86.1, que permite al Ejecutivo legislar por esta vía “si el ejercicio de este poder legislativo excepcional (…) está justificado por razones de extraordinaria y urgente necesidad”.

La sentencia rechaza, por otra parte, que se haya vulnerado el derecho de participación política de los recurrentes, en su condición de diputados. Según reiterada doctrina, el derecho fundamental que reconoce el art. 23.2 CE “es un derecho de configuración legal”, lo que implica que la regulación y ordenación de los derechos y atribuciones de los diputados “corresponde a los Reglamentos parlamentarios”.

Y en este caso concreto, concluye el Tribunal, durante la tramitación del decreto-ley recurrido no se ha producido “infracción alguna de la legalidad parlamentaria que haya provocado una lesión del art. 23.2 CE”.

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